De izquierda a derecha: el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, hablaron sobre las problemáticas y una eventual reforma del sistema penal
Lunes 14 de julio del 2025
En cuatro meses, el Código Procesal Penal (CPP) de República Dominicana cumplirá 21 años desde su entrada en vigor. Sin embargo, tras éstas dos décadas de aplicación, el modelo del sistema de justicia penal enfrenta desafíos que amenazan su eficacia y legitimidad.
El uso excesivo de prisión preventiva, la congestión en los tribunales, la escasa implementación de salidas alternas, las injusticias del proceso penal, la deficiente gestión de casos complejos y las limitaciones en el acceso a la salud de las personas privadas de libertad figuran entre los principales puntos críticos del sistema.
Estas problemáticas quedaron expuestas en una radiografía sin precedentes del engranaje judicial, presentada en al menos tres entregadas especiales de ‘Paneles de Expertos’, organizados por el Listín Diario y la Escuela Nacional de la Judicatura, con la participación de los más altos actores del sistema.
Las máximas autoridades del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el Ministerio Público, así como abogados y académicos, se sentaron en una mism
mesa para pasar revista al proceso penal.
El tercer ‘Panel de Experos’ se realizó pasado miércoles/fuenteexterna
Hoy, el CPP se encuentra en un punto de inflexión: se discute para una posible reforma que podría redefinir el rumbo del sistema penal dominicano y marcar un antes y un después en la administración de justicia.
Rechaza “reformas enlatadas”
Si algo tiene muy claro la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, es que la transformación profunda de la jurisdicción estatal no debe ser una copia de modelos foráneos, sino surgir como una propuesta original, construida desde el propio sistema.
“Nosotros no queremos reformas enlatadas”, subrayó la magistrada en dos ocasiones durante su intervención en el tercer panel, el miércoles 9 pasado. “Nosotros queremos nuestras propias reformas de acuerdo a la realidad y a las circunstancias objetivas de nuestra sociedad”, agregó.
Reynoso reconoció que el Congreso Nacional ha mostrado una apertura importante en las discusiones sobre la eventual modificación a la normativa, en las que los distintos operadores del sistema han participado activamente.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso/fuenteexterna
La procuradora general expresó que desde el Ministerio Público se aspira a impulsar una reforma y actualización de las leyes que rigen la administración judicial, con el objetivo de construir un sistema penal más sólido y acorde a los tiempos actuales.
“Un sistema de justicia centrado en la persona, accesible, que decide en plazo razonable, que la sociedad pueda verlo como un espacio para ir, para acudir sin ninguna traba, sin ninguna otra exigencia que el cumplimiento de lo que la misma normativa manda”, explicó Reynoso.
“Aspiro a construir un sistema de justicia que sea más fuerte. A que podamos reformar, actualizar nuestras leyes, las que necesitamos para construir ese mejor sistema de justicia”.
La magistrada también afirmó que, aunque el sistema de justicia del país ha avanzado de forma considerable, aún persisten “importantísimas oportunidades de mejora”, especialmente en la gestión de los casos de crimen organizado.
“Estamos viendo posibles reformas”
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, informó que el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, quien preside la Comisión de Justicia del Senado, ha propuesto que, una vez concluya la discusión del Código Penal, se inicie el proceso de revisión del Código Procesal Penal (CPP) junto a los senadores y demás operadores del sistema de justicia.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina/fuenteexterna
“Nosotros estamos viendo posibles reformas que podrían hacerse en el ámbito de ese Código Procesal Penal, tanto del Ministerio Público como la Defensa Pública y el Poder Judicial”, indicó Molina.
“Entendemos que tenemos la responsabilidad institucional de ir con una sola propuesta a partir de los planteamientos que se están haciendo en el lugar donde deben discutirse las leyes, que es en el Congreso Nacional”.
“República Dominicana tiene la obligación de transformar su justicia penal”.
Molina dijo que los actores del sistema presentarán sus aportes de manera institucional con el objetivo de optimizar el proceso penal para que sea más ágil, oportuno, transparente y accesible para la sociedad.
Sistema tiene “oportunidades de mejora”
La magistrada Reynoso también afirmó que, aunque el sistema de justicia del país ha avanzado de forma considerable, aún persisten “importantísimas oportunidades de mejora”, especialmente en la gestión de los casos de crimen organizado.
Reynoso destacó que una vez los casos llegan a los tribunales, la gestión recae completamente en manos del Poder Judicial, desligando al Ministerio Público de los aplazamientos que suelen producirse.
“Cuando el caso está en el tribunal, nosotros no tenemos un aplazamiento por culpa del Ministerio Público. En la Procuraduría es una línea que los fiscales siempre están preparados para conocer los casos”, aseguró.
La magistrada hizo una diferenciación entre los casos ordinarios y los relacionados al crimen organizado, y subrayó que estos últimos representan una de las áreas con mayores retos para el sistema judicial dominicano.
Luis Henry Molina conversa con Yeni Berenice durante el panel/fuenteexterna
“En materia de gestión del caso tenemos interesantísimas oportunidades de mejora, y creo que los casos de crimen organizado pueden ser una de las mayores”, indicó.
Reynoso mencionó como referencia a países como Estados Unidos, que han logrado implementar modelos eficientes en la gestión judicial de procesos complejos.
Aun así, reconoció los avances alcanzados localmente: “El sistema ha avanzado de forma considerable; no sería responsable no reconocerlo”.
No obstante, enfatizó en la necesidad de que los procesos judiciales se resuelvan dentro de plazos razonables, como garantía del debido proceso y de la confianza ciudadana en la justicia.
“Parte de esas importantísimas oportunidades de mejora tiene que ver con el cumplimiento de plazos razonables, y de que el ciudadano vea que el caso tiene una decisión, y que esa decisión es oportuna y es en plazo razonable”, dijo.
Desaparición de prácticas obsoletas
Molina también subrayó la necesidad de reconocer que algunas prácticas actuales desaparecerán y generarán resistencia, pero su análisis es crucial desde ahora.
Insistió en que los casos relacionados con salud mental o consumo de drogas no deberían judicializarse.
El director, Miguel Franjul, y el subdirector Fabio Cabral reciben al presidente de la SCJ, Luis Henry Molina. Al fondo, los periodistas Ramón Benzán y Sauro Scalella/fuente externa
Molina agregó que los acuerdos son la “varita mágica” para reducir los tiempos procesales, ya que no hay otra solución para alcanzar un mayor nivel de resolución en el sistema penal.
El director Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, destacó el actual proceso de coordinación interinstitucional que busca transparentar el sistema y crear nuevas posibilidades judiciales.
(LD)
