Defensores que han sido destituidos, condenados o que han renunciado por actos de corrupción, acoso sexual o agresión intrafamiliar
Sabado 11 de abril del 2026
Los diferentes casos en los que defensores del pueblo han sido destituidos, condenados o han tenido que renunciar a raíz de actos de corrupción, acoso sexual o por agresión intrafamiliar obedecen a que durante su desempeño dirigieron sus instituciones de manera unipersonal y sin ningún órgano de contrapeso interno; por tanto, El Congreso se vio obligado a intervenir para sus destituciones. Los casos de renuncias de adjuntos, funcionarios y directores de alto nivel de las defensorías del pueblo en diferentes Defensorías de América Latina son elementos que forman parte de la realidad que ya dicen que estos organismos no pueden ser dirigidos por una sola persona. Solo como ilustración se presentan los siguientes casos:
En octubre de 2019 el defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero Hoyos, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados donde respondió a una serie de cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en esa entidad, entre estas acoso sexual y laboral.
Carlos López Nieves, que ejerció de defensor del pueblo (procurador del ciudadano) entre 2002 y 2008, se vio obligado a responder ante un juez por 28 delitos que se le imputaron, relacionados con apropiación indebida de fondos públicos para pagarse gastos personales, entre ellos viajes privados a España y a Las Vegas.
En 2020, la defensora del pueblo de Panamá, Patria Portugal, fue condenada a cumplir 96 meses de prisión (ocho años) a solicitud de la sección de cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que la señaló como autora del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado en perjuicio de la Defensoría del Pueblo.
En Bolivia David Tezanos Pinto renunció en 2019 tras un escándalo de violencia intrafamiliar.
Rolando Luque, defensor adjunto y jefe del Programa de Ética y Prevención de la Corrupción de Perú, renunció por diferencias con el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, las mismas que llevaron a otros funcionarios a renunciar a sus cargos. La crisis se agravó por los cuestionamientos en contra de Gutiérrez, presuntamente por este haber cambiado los requisitos para el puesto de adjunta constitucional para que Elizabeth Zea se quede con el cargo.
En 2016 José Armando Otálora, titular de la Defensoría del Pueblo de Colombia fue forzado a dimitir por denuncias de acoso sexual y laboral, y por el deteriorado clima laboral.
